CRONICA DE UNA HUELGA ANUNCIADA/1

Las medidas anunciadas o puestas en marcha por el Gobierno han tenido una gran repercusión en las radios, televisiones y periódicos, pero no se han traducido en protestas concretas de los propios afectados.

Las primeras medidas como la subida del IVA, la paralización de las obras públicas, el recorte de las pensiones y del sueldo de los funcionarios fueron las medidas más urgentes tomadas, que se justificaron para resolver un problema grave de liquidez, que amenazaba con llevar a la bancarrota a ayuntamientos, autonomías y gobierno central, con el riesgo de que repitiéramos en España el caso de Grecia.

Las citadas medidas aunque indeseables fueron percibidas por la mayoría de los afectados como inevitables y entendidas como provisionales y fácilmente reparables en cuanto la situación económica internacional mejorase. Siempre se podría continuar parte de la obra pública con financiación privada, compensar a pensionistas y jubilados con una paga en vísperas de las elecciones, y enjugar la presión del IVA con alguna reducción del IRPF. En fin soportar el chaparrón lo mejor posible y esperar a que escampe.

Sólo así se entiende que los pensionistas no salieran a manifestarse o que los funcionarios no secundaran mayoritariamente la huelga convocada en su ámbito el pasado día 8 de junio. El nuevo IVA empezó a aplicarse sin las catastróficas repercusiones que algunos adivinaban y los recortes en obras públicas, las grandes generadoras de empleo, empiezan a ser renegociados.

Pero lo que de verdad está en juego es el intento, no sólo en España, sino en todos los países del primer mundo por suprimir el llamado estado del bienestar (negociación colectiva, legislación social, pensiones, vacaciones, jornada máxima, sanidad y educación). Se trata de igualar las condiciones de trabajo y de vida de los ciudadanos del primer mundo con los de los países emergentes y de los del tercer mundo, pero por abajo. La globalización de la miseria.

El gobierno se limita a seguir al dictado las instrucciones-recomendaciones que le llegan de Bruselas y de Washington, sin más independencia que la de un niño pequeño al que sus papás le dicen que se vaya a la cama. Actúa cobardemente porque puestos a aplicar recortes deberían haberlos hecho de los gastos de la Casa Real, de las subvenciones a la Iglesia Católica, retirando los soldados de TODAS las misiones en el extranjero, dejando de primar a empresas privadas que compiten con las públicas en la enseñanza y en la sanidad, actuando en el control del precio de los alimentos y de la vivienda, dejando de subcontratar servicios esenciales que así se encarecen, suprimiendo las subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, y aumentando la presión fiscal sobre las grandes fortunas, suprimiendo los privilegios de las sociedades de inversión colectiva, persiguiendo la evasión de capitales y los paraísos fiscales. Unas pocas medidas, que afectarían a muy pocos y evitarían el perjuicio de muchos.

Al tiempo, la oposición política de derechas clama por la adopción de medidas con más enjundia pero teniendo buen cuidado de no proponer ninguna concreta. No vaya a ser que pierdan votos. Vociferando que “éste gobierno no hace nada”, ocultan sus propias cartas y esperan a gobernar para quitarse la máscara. En algunas comunidades que gobiernan ya se ha podido ver el calado de sus alternativas: recortes en la enseñanza pública, privatización y abandono de la sanidad, privatización de suelo público, especulación, expropiación forzosa de viviendas humildes, recortes de servicios como recogida de basuras y atención social…

También al tiempo, éstos sin ninguna vergüenza, los empresarios exigen al gobierno que recorte las pensiones, que suprima o reduzca la indemnización por despido y la cotización patronal a la seguridad social. La mala situación del presidente de la patronal CEOE implicado en todo tipo de quiebras e impagos, además de no contar con el apoyo de la Banca y de las grandes constructoras que prefieren apoyar a un gobierno que les respalda con un fondo de 90.000  millones de euros, les restan cualquier tipo de influencia y los convierten en unos mudos espectadores mas.

El sindicalismo oficial tampoco ha sido capaz de dar alternativas para quienes sólo tenemos nuestro trabajo como forma de vida. Atenazados por su dependencia financiera del estado y de las grandes empresas casi ni se atreven a levantar la voz. Nos llaman a la huelga mientras se justifican y piden perdón “es una gran putada” ante quienes les gobiernan y deciden todos los años las subvenciones que les mantienen. Su falta de independencia llega a ser tan escandalosa como perjudicial para los trabajadores que pretenden representar.

Esta huelga se convoca tarde, hace ya varios meses que se tenía que haber hecho. Un único día no es suficiente para presionar e impedir los recortes que están en marcha y los que se atisban. No hay un plan para el día después. No han planteado alternativas para gestionar la economía desde otro punto de vista, desde el reparto y la igualdad. En fin una huelga simbólica, vacía de contenido. Un gran carnaval.

Por supuesto que hace falta una huelga general. Por una vivienda al alcance de todos, para poner fin a la especulación inmobiliaria, para reducir nuestra dependencia energética y el déficit de la balanza de pagos que ocasiona, para que los capitales se pongan al servicio de actividades productivas y no especulativas, interviniendo la banca y cajas de ahorro si fuese necesario.

La huelga será un éxito. Aunque los trabajadores de los call-center de Marruecos y Santo Domingo no la secunden, aunque los inmigrantes sin papeles no la secunden, aunque los autónomos no la secunden, aunque los contratados temporales no la secunden, aunque los parados ni siquiera la puedan hacer. La huelga será un éxito.

Si tú todavía puedes hacerla súmate. Podrás contarles a tus nietos que participaste en una huelga general. Y les dirás que era cuando todos los trabajadores se ponían de acuerdo y se negaban a trabajar.

SALUD Y SUERTE.

EL AMIANTO MATARA A MAS 40.000 TRABAJADORES ESPAÑOLES

 

 

Amianto La «muerte blanca»En los próximos años, más de medio millón de europeos, trabajadores de la industria del amianto, morirá por enfermedades relacionadas con la inhalación y manipulación de este material. Entre 40.000 y 56.000 son españoles

VICTOR MORENO

EL PASADO MES DE JUNIO, UN trabajador de la fábrica de fibrocementos de Uralita en San Vicente de Raspeig (Alicante) falleció de asbestosis terminal, una enfermedad directamente relacionada con la inhalación de amianto, un material utilizado en la construcción, la automoción, el sector textil y el químico, entre otros. Se trata de la segunda defunción de un miembro de la plantilla por esta causa y el malestar entre los trabajadores, que temen que el número de víctimas aumente en los próximos años, no se ha hecho esperar. Y es que esta muerte no es un caso aislado, sino que viene a sumarse a la lista de víctimas, vinculadas a la utilización del amianto, que en los últimos años ha ido creciendo en nuestro país y que amenaza con extenderse aún más. Los datos que proporcionan los sindicatos hablan de 2.265 fallecimientos en el periodo comprendido entre 1978 y 1992 . Por su parte, el Centro Nacional de Epidemiología ha elaborado un informe que revela más de 400 fallecimientos anuales por esta

causa entre 1989 y 1995. Si compara esta cifra con las 1.100 muertes al año por accidentes laborales comunes que reconoce el Ministerio de Sanidad se observa que suponen un tercio de las mismas. Con todo, este problema no es algo inesperado y que deba sorprender a las autoridades, ya que desde hace varios años diferentes organizaciones laborales y médicas han venido advirtiendo del grave riesgo para la salud que supone la utilización de esta sustancia.

Apreciado material

A comienzos de los años 60, el amianto empezó a ser utilizado en diversas industrias mundiales, sus propiedades y su versatilidad lo convirtieron en poco tiempo en un material muy apreciado en diferentes sectores. Sin embargo, en los años 80, diversos estudios médicos demostraron una relación directa entre la inhalación de amianto y el desarrollo de cáncer de pleura y pulmón y de asbestosis. Estos descubrimientos provocaron que la Unión Europea (UE) tomara cartas en el asunto para controlar y eliminar su uso, de manera que una directiva elaborada por este organismo señala el año 2005 como fecha límite para que deje de emplearse en toda Europa el amianto.

En España, la reacción ha sido más lenta que en el resto del continente. Junto a Grecia y Portugal, somos el único país de la UE que continúa empleando este material, con unas importaciones anuales de 35.000 toneladas. El Registro Oficial de Empresas con Riesgo de Amianto recoge a 214 compañías, cifra que Comisiones Obreras (CC 00) eleva a 314 y hasta 1993 no se eliminó el llamado amianto blanco, más peligroso que el azul, que sigue utilizándose. Estos datos corroboran que nuestro país ha marchado a la zaga a la hora de afrontar un problema que puede acarrear efectos irreversibles en los más de 60.000 españoles que han trabajado directamente con el amianto.

Las empresas, por su parte, han ido a remolque de los poderes públicos alegando que la reconversión hacia la sustitución del amianto por otros materiales es complicada, ya que es difícil encontrar alternativas que ofrezcan la misma calidad y las necesidades productivas fuerzan a agotar el plazo dado por la Unión Europea. Como tercer actor de este asunto, cabe señalar a los propios trabajadores que, durante los años 70 y 80, no trataban los temas relacionados con la salud laboral con el rigor y la seriedad necesaria, trabajando en muchas ocasiones en pésimas condiciones de salubridad, sin intentar paliar la situación por temor a perder el puesto de trabajo.

Si los datos presentados por el estudio «El amianto en España» se cumplen, el futuro de los trabajadores del amianto es muy preocupante, ya que prevé que entre 40.000 y 56.000 de ellos morirán por las enfermedades derivadas de la manipulación e inhalación de esta sustancia. Las medidas reclamadas desde los sindicatos para paliar estos daños, en la mayoría de los casos irreversibles, pasan por la elaboración de una ley que prohiba el amianto, la creación de un inventario de edificios que contengan esta sustancia, estudios epidemiológicos en aquellas zonas donde hayan estado ubicadas las fábricas que emplearan el material y la creación de un programa de ayudas e indemnizaciones para todas las familias afectadas.

Las empresas están realizando ya la reconversión de sus fábricas para eliminar el amianto de sus procesos de trabajo. Así, Uralita, el mayor consumidor del material en España derribó este año la fábrica que tenía en Sevilla y para 2001 ha anunciado el cierre de la factoría de Getafe (Madrid). A la vez está trabajando con otros materiales sustitutivos, como el poliester o la celulosa. El problema que se plantea más difícil de afrontar es el pago de compensaciones a todos aquellos trabajadores afectados. Si se pagarán diez millones de pesetas a uno de cada cuatro de los 60.000 trabajadores españoles del amianto, la industria tendría que hacer frente a pagos por valor de 150.000 millones de pesetas. Lógicamente, las compañías se muestran muy reticentes a entrar en el tema de las indemnizaciones, de ahí que los trabajadores hayan utilizado la vía de los tribunales para hacer valer sus reclamaciones. Las primeras demandas están dando ya sus frutos. Hace un año y medio la Audiencia de Barcelona condenó a Uralita a pagar 11,7 millones de pesetas a la viuda de un trabajador de la compañía. En el último mes, dos nuevas sentencias han puesto de relieve la gravedad del problema. El Juzgado de lo Social número 6 de Madrid ha condenado a la misma empresa a indemnizar con 19 millones de pesetas a la familia de un trabajador fallecido en agosto pasado a causa de un tumor cancerígeno. En la sentencia se expone que el trabajador estuvo en contacto con amianto entre 1962 y 1986,

El 2005 será la fecha límite para dejar de utilizar amianto, según una directiva europea

lo que, a la postre, conllevó el desarrollo de la enfermedad que acabó con su vida, considerando a la empresa responsable por «incumplimiento de la normativa, tales como la insuficiencia de los reconocimientos médicos, y la falta absoluta de evaluación y control». Otra sentencia,

dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena, condena a Repsol y a Construcciones, Montajes y Mantenimientos (Commain) a indemnizar a la familia de un trabajador que falleció en noviembre de 1999 por mesotelioma pulmonar y que entre 1976 y 1996 trabajó en las empresas citadas reparando calderas revestidas con amianto. Los términos de la sentencia son similares al del caso Uralita en Madrid y reconoce que la enfermedad se produjo por la manipulación habitual de amianto a la vez que afirma que las empresas no adoptaron las medidas de seguridad y prevención establecidas por la ley. La cantidad de la indemnización no ha sido revelada, ya que según ha manifestado la familia «no nos interesa el dinero, sino aclarar por qué la empresa no tomó las precauciones necesarias». Frente a los casos resueltos en los tribunales, algunas empresas han optado por acudir a acuerdos extrajudiciales para resolver el problema. En Gibraltar, la coordinación entre CC 00 y el sindicato gibraltareño Transport and General Workers Union ha conseguido que los astilleros que han utilizado amianto en la construcción y reparación de barcos entren a negociar indemnizaciones para sus ex trabajadores. El pasado mes de junio se llegó a un primer acuerdo por el que un antiguo empleado cobrará cuatro millones de pesetas, al que en los próximos meses se sumarán las compensaciones para otros compañeros

afectados.

LAS DOS CARAS DEL AMIANTO

Los usos del amianto, un silicato de cal, alúmina y hierro, son múltiples gracias a sus características de incombustibilidad, aislante del calor y sonido, resistencia a la corrosión química y a la torsión. Estas ventajas que ofrece a la industria le convierte en un material polifacético empleado en diversos sectores: la construcción (fibrocemento, tuberías, etc…), la automoción (pastillas de freno y embragues), los astilleros, el sector textil (ropa ignífuga), la industria química (papelería, cartonaje, etc…), hasta un total de 3.000 aplicaciones. Sin embargo, esta utilidad tiene su cara más negra en los graves perjuicios para la salud de los trabajadores del amianto que se manifiestan en su relación directa con el desarrollo del cáncer de pleura y pulmón, fibrosis pulmonar, tumores de laringe y aparato digestivo y asbestosis, una enfermedad degenerativa del sistema respiratorio que provoca en el enfermo una asfixia progresiva.

CAMBIO 16- 14 agosto 2000. Nº. 1.497