Tensión, honda preocupación, total desorientación y absoluta indignación son solo algunos de los muchos adjetivos que describen el ambiente que ayer se respiraba en la Asamblea de Trabajadores de Gigante celebrada en la carpa de la Malvaloca, abarrotada por más de medio millar de personas, la práctica totalidad de los empleados de la cadena de supermercados que, recordemos, viven momentos muy complicados, tanto por el impago de la nómina de diciembre, el paulatino cese de la actividad comercial a causa del desabastecimiento, la ausencia de explicaciones por parte de la dirección de la empresa y, fundamentalmente, por la incertidumbre respecto al futuro de sus empleos.

La asamblea había sido convocada por CCOO y el comité de empresa -convocatoria a la que se sumaron posteriormente los responsables comarcales de Comercio de UGT- pero a lo largo de la misma se evidenció una total falta de sintonía entre los representantes sindicales y la mayor parte de los trabajadores allí presentes.

Aunque los integrantes del comité de empresa de Gigante lo hacen bajo las siglas de los dos principales sindicatos de clase (siete CCOO y seis UGT), la plantilla les reprochó ayer su marcado carácter amarillo, con reiteradas y graves acusaciones que ponen en duda su legitimidad y representatividad.

Concretamente, algunos de los empleados que subieron al estrado y tomaron la palabra en nombre de sus compañeros denunciaron no conocer el procedimiento mediante el cual se había elegido a sus delegados “si en esta empresa jamás se han celebrado elecciones” e incluso pidieron que en ese comité pueda tomar parte un “representante de los trabajadores” (sic). Por su parte, el portavoz del comité de empresa, Carlos Pérez, admitió que estudiarán la posibilidad de elegir un enlace por cada uno de los 16 centros de trabajo.

“Es pronto para hacer las denuncias”

Los representantes de CCOO fueron abucheados en distintos momentos del acto, especialmente la responsable de la Federación de Comercio de la Comunidad de Madrid, Rosa Galbarro, tras pronunciar una expresión muy desafortunada: “el problema lo tenéis vosotros”. Por su parte, muchos de los afectados no estuvieron de acuerdo con las reiteradas llamadas a la tranquilidad por parte de Julio Suárez ni con su recomendación de “darle tiempo al tiempo” ya que “es pronto para hacer las denuncias”. Tanto su propia compañera de sindicato como los representantes comarcales de UGT, por contra, instaron a los trabajadores a llevar ante los tribunales el impago de sus salarios.

A lo largo de la Asamblea los trabajadores expusieron situaciones muy difíciles e incluso dramáticas, en el caso de familias en las que son varios los miembros que trabajan para Supermercados Gigante. Los reproches, e incluso insultos, hacia los dueños de la empresa fueron una constante. Resulta difícilmente comprensible que una sociedad que genera importantes beneficios abandone a su suerte a una plantilla de 500 personas por un desacuerdo entre unos socios que han dejado completamente a la deriva un negocio que hasta la fecha era rentable.

Eso sí, a pesar de la falta de clientes y, consiguientemente, de la disminución de la carga de trabajo, los empleados no podrán faltar a sus puestos. En caso de prolongarse esta situación, deberán esperar al menos tres meses para poder rescindir su contrato, en condiciones de despido improcedente y con derecho al cobro de la prestación por desempleo.

El presidente del comité de empresa, Justo Fernández, aseguró al término de la Asamblea que se facilitarán las condiciones para “intentar que la situación sea lo menos complicada posible”, de manera que los afectados puedan acudir al centro de trabajo más cercano a su domicilio “evitando así el gasto innecesario en gasolina”, aunque quiso advertir de que intentar compensar parte de los salarios no percibidos mediante vales o tickets de compra de comida es “ilegal”.

Entre las propuestas que se abordaron en la reunión, sin llegar a ningún acuerdo definitivo, destaca el inicio de diversas movilizaciones, la convocatoria de huelga o la posible organización de una gran manifestación el 1 de febrero, a la que estarían llamados no solo trabajadores y sindicatos, sino partidos políticos, colectivos ciudadanos y vecinos de toda la Sierra.

La Asamblea finalizó con la intervención y asesoramiento por parte de los abogados contratados por unos 300 empleados a través de una colecta, quienes les recomendaron que interpongan una demanda de conciliación ante los tribunales competentes, aunque dejaron claro que, a nivel jurídico, la situación se complica por la coexistencia de distintas sociedades que forman parte del grupo empresarial.