Juzgado Social 28 Barcelona 716/99. Derecho de cuatros ex empleados de la Caixa a percibir complemento de pensiones.

_ Juzgado Social 28 Barcelona

_ Procedimiento: Reconocimiento de derecho 1327/1998

~ En la ciudad de Barcelona, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve

_ Visto por al Ilmo. Sr. D Javier ARANA NAVARRO, magistrado Juez del Juzgado de lo Social numero 26 de esta ciudad. y su provincia el juicio promovido por D. J. C y otros frente a entidad de ahorro sobre RECONOCIMIENTO DE DERECHO

 

EN NOMBRE DEL REY

HA DICTADO LA SIGUIENTE:

SENTENCIA NUNERO. 716/99

ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- En fecha 15 DE DICIEMBRE DE 1.998 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social numero 28 de Barcelona. la demanda suscrita por la parte actora en la que tras alegar los hechos y fundamentos legales que estimo pertinentes suplicaba se dictara sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda.

…………………..

HECHOS PROBADOSPRIMERO.- El. demandante D. J. N. C. ingresó en “La Caixa” el 11 de marzo de 1.974 y fue despedido disciplinariamente el, ll de julio de 1.997,- y su despido declarado improcedente por acto de conciliación firmado el 18 de julio de 1.997 cuyo texto se da por reproducido.

SEGUNDO.- El demandante D. J.P.G ingresó el 1 de agosto de 1.971 fue despedido el 5 de junio de 1.997 y su despido fue declarado improcedente por acto de conciliación de fecha 1 de octubre de 1.997 ante el Juzgado de lo Social numero 18 de Barcelona, cuya acta se da por reproducida.

TERCERO.- El demandante D. M.C ingresó el día 1 de junio de 1.972 y fue despedido el 14 de abril de 1.998 y su despido fue declarado improcedente por sentencia del Juzgado de lo Social y la primera codemandada optó por la extinción del contrato de trabajo.

CUARTO.- El demandante D.M.N.R ingresó el 1 de diciembre de 1.976 y fue despedido el 11 de mayo de. 1.998, y su despido declarado improcedente por sentencia del Juzgado de lo Social y la primera codemandada optó por la extinción de la relación laboral.

QUINTO.- Todos los actores se hallan incluidos como participes en el plan de pensiones de “LA CAIXA” desde su instauración y fueron dados de baja tras los despidos.

 

SEXTO.- “La Caixa” ingresa las aportaciones que prevén los convenios colectivos en los fondos que incluyen individualmente a los trabajadores y contabiliza dichas aportaciones como gastos de personal.

SEPTIMO- Las contingencias cubiertas son al menos las de jubilación, invalidez y supervivencia.

OCTAVO.- “LA CAIXA” ha creado una sociedad filial, llamada “RENTCAIXA, Sociedad Anónima”, con la que ha contratado una póliza de seguro colectivo con el que garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por convenio.

NOVENO.- Los cuatro actores .han solicitado de ‘La Caixa” la continuación en su condición de participes, la posibilidad de trasladarlo a otras entidades de seguro y capitalización o el reintegro del capital acumulado.

DECIMO. En los cuatro casos “La Caixa” se ha negado, aduciendo que la perdida de la condición de empleado, salvo por jubilación o invalidez, supone la pérdida de la condición de participe, con derecho a reintegración de fondos.

DECIMOPRIMERO. En fecha 1 de octubre de 1.999, el Sr. D. J.P.G suscribió el documento que obra al ramo de prueba de la primera codemandada, y que se da por reproducido.

DECIMOSEGUNDO.- En fecha 15 de marzo de 1.999 ‘La Caixa” interpuso demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo social de la Audiencia Nacional en cayo hecho octavo se afirmaba que afectaba a los 14.798 trabajadores de ‘La Caixa’ incluidas en el R.P.P., entendiéndose que son los de REGIMEN de previsión de PERSONAL.

DECIMOTERCERO.-. En fecha 22 de junio de 1-999. recayó sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que estimaba la demanda, y que ha sido recurrida en casación por los codemandados.

DECIMOCUARTO.- Los cuatro actores han solicitado la celebración del acto de conciliación obligatorio y ninguno de ellos ha obtenido avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO……………….

SEGUNDO.- Alegan las partes codemandadas que procede la suspensión del acto de juicio hasta tanto no recaiga sentencia firme en el conflicto colectivo sobre el que se dictó sentencia por la Audiencia Nacional de fecha 22 de junio de 1.999. a ello se oponen los actores, y preciso es reiterar los argumentos contenidos en el auto “in voce” de 17 de junio de 1.999, y en el que lo confirmo de 21 de julio de 1.999, por lo que no se podrá estimar la petición al no estar incluidos los actores en el grupo de los demandados en el procedimiento por conflicto colectivo, haber precluido el tramite por causa no independiente a la conducta de los codemandados y falta de coincidencia de las partes los actores y los codemandados, lo que hace imposible la aplicación de lo dispuesto por el art. 151 de la l.p.l.

SEXTO.- Entrando a conocer del fondo del asunto, si las normas comunitarias en virtud del principio de primacía no descartan la aplicación del Derecho español, este es claro en este tipo de asuntos. La conducta de los codemandados se encuentra apoyada en el art. 6 de la ley 8/1.987 de planes y fondos de pensiones y en el art. 21 del R.D. 1.307/88, de 30 de septiembre, que aprueba su reglamento ejecutivo, en su art. 26.3 y de la disposición transitoria decimocuarta, numero 2 de la ley 30/1995 de 8 de noviembre de los Seguros Privados.

Todo ello ha sido interpretado por la Sala IV del tribunal supremo en Sentencia de 26 d enero de 1.993, confirmada por otra de 6 de octubre de 1.995 y por ello los argumentos de las entidades merecen favorable acogida

SEPTIMO.- La única posibilidad que queda para estimar una demanda de estas características y con base en el Derecho español es el supuesto contemplado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 22 de enero de 1.993, en el que se trataba de una previsión contenida en el plan de pensiones, y que no se encuentra en los presentes casos. Por tanto, al no haberse acreditado que los despidos pretenden defraudar la Ley de fondos de Pensiones, pues son despidos normales, a pesar de haber sido declarados improcedentes, y pretender la extinción de las relaciones laborales y entendiendo la Sala IV del Tribunal supremo que al no proceder la devolución de las reservas matemáticas del fondo de Pensiones no se considera enriquecimiento injusto, se llega a la conclusión de que en base a estos argumentos, la demanda no podrá ser estimada.

OCTAVO.- Alegan las partes coactoras hasta sus motivos basados en el Derecho comunitario que deberían provocar la estimación total o parcial de la demanda y que, en cualquier caso, justificarían la interposición de una cuestión prejudicial, basada en el actual articulo 234 del tratado fundacional, en su redacción efectuada por el Tratado de Amsterdam, fuera de esta disposición respecto de todas las demás se citaran con el articulo correspondiente del tratado de Roma, porque era esa la redacción vigente en el momento de extinción de las relaciones laborales.

NOVENO.- El principio de Primaria del Derecho comunitario sobre el nacional ha sido declarado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 15 de julio de 1.964, FLAMINIO COSTA Vs. ENEL, y confirmado por otras muchas, de entre las que cabe destacar la de 9 de marzo de 1.978, SIMENTHAL II, y es compatible con la redacción de la Constitución Española de 31 de octubre de 1.978, y en concreto, esta prevista la aplicación del principio de primaria en los arts. 93 y 96. Por ultimo ha sido reconocido por el tribunal supremo en Sentencias de 15 de junio de 1.995 y de 8 de noviembre de 1.996, por lo que habrá de ser aplicado con preferencia a lo que supone el ordenamiento jurídico español, en le hipotético caso de conflicto de normas imperativas.

 

 

DECIMOSEXTO.- Es sin embargo, sobre esta óptica, desde la que el presente caso cobra relevancia. Alegan los cuatro actores, que los citados arts. Del reglamento y disposición transitoria 14 de la Ley 30/95 infringen el actual art. 39 del tratado de Amsterdam, o bien el art. 48 del Tratado de Roma, de texto similar. Coma ya se razonaba “supra” es este ultimo articulo el que puede llegar a ser aplicable, al estar vigente en el momento en que se produjeron los hechos en que se basa la reclamación, y no especificar el Tratado de Amsterdam retroactividad de un texto a situaciones originadas con anterioridad.

DECIMOSEPTIMO.- La situación que provoca el art. En cuestión del Reglamento de la Ley de Fondos de Pensiones en relación con la disposición transitoria 14 de la nueva ley de Seguros Privados y en lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión europea puede ser recurrida de la siguiente forma. Los trabajadores de las entidades de crédito, de ahorro o de seguros que prestan servicio para una de estas sociedades con domicilio social o establecimiento permanente en el territorio nacional o viene obligadas por convenio colectivo a efectuar las aportaciones monetarias correspondientes por cada uno de los trabajadores que prestan servicios para ellas, que ingresan en el fondo interno y que desgravan fiscalmente como gastos de personal.

Así los trabajadores que desean prestar servicios para otras entidades, dentro o fuera del ámbito territorial de aplicación de la norma, han de contar que pierden las aportaciones efectuadas hasta el día de la baja en la empresa al fondo de pensiones. Igualmente sucede si el contrato laboral se extingue por despido, aunque sea declarado procedente. Por tanto, dicha institución ejerce un efecto disuasorio sobre los cambios de entidad, dentro de la Unión Europea.

DECIMOOCTAVO.- El art. 48 del tratado de Roma tiene efecto directo desde el final del primer periodo transitorio para los seis países fundadores, y desde la entrada en vigor del acta de integración para España y Portugal, el 1 de enero de 1.986, sino se encuentran los trabajadores incluidos en alguno de los grupos sociales sujetos a restricciones transitorias en la libre circulación de trabajadores, lo que en definitiva tenía como tope máximo el 31 de diciembre de 1.999 para los trabajadores portugueses en Luxemburgo, por lo que en el presente caso, tiene plena vigencia.

DECIMONOVENO.- El Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas tuvo ocasión de pronunciarse sobre el efecto directo del art. 48 vigente en el momento de producirse las bajas de los cuatro actores en el fondo de pensiones de “La Caixa” denominado interno, en asuntos que tuvieron lugar a la finalización del primer periodo transitorio, y fue declarado como norma clara, precisa e incondicional, en la sentencia UNGER V. BESTUUR DER BEDRIJFSVERENiGING VORR DETAIL HANDEL EN AMBATCHEN, rec. 1964, p. 319 y ssg. Asunto 75/63, y en particular, otorgan al trabajador nacional de un estado miembro una dimensión comunitaria. No tuvo inconveniente el tribunal Comunitario para reiterar su conclusión en el asunto RUTILLI, sentencia de 28 de octubre de 1.975, RE. Pg. 1219 et s.s., relativa al efecto directo de dicho artículo en los países miembros, y con mayor claridad en la sentencia DONA, de 14 de julio de 1.976, REF. 1333 y ss.

Pero la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo que ha vuelto a poner de manifiesto el efecto y la aplicabilidad directa de este artículo a nivel de los territorios de los países miembros es la sentencia del asunto BOSMAN, de 15 de diciembre de 1995, rep. 15401 y ss. en concreto, los considerandos 69 a 87, siendo determinante este último, así como el 83, en tanto que declara aplicable el art. 48 del Tratado de Roma a las normas y reglamentos adoptados por las asociaciones deportivas que determinan las condiciones de ejercicio de una actividad por cuenta ajena por parte de deportistas profesionales.

Trasladando este razonamiento al caso que nos ocupa, habremos de concluir que de la misma manera el art.48 del Tratado de Roma será aplicable a los Reglamentos que regulan la perdida de la percepción futura de las prestaciones derivadas de fondos de pensiones entre trabajadores de Estados miembros de la Unión Europea.

VIGESIMO.- dichas normativas solo tendrán como consecuencia el descarte de la norma estatal y de la jurisprudencia que la declara aplicable si tiene por objeto o por defecto la existencia de un obstáculo a la libre circulación de trabajadores. A simple vista se advierte que la normativa legal y reglamentaria que permite a las sociedades bancarias, entidades de ahorro y de seguros, no externalizar sus fondos de pensiones, y por ende, no permitir a los trabajadores cayo contrato laboral se extingue, aportar el capital acumulado a dicha fecha a otras entidades, hasta que se produzca en hecho protegido, no tiene por objeto limitar la libre circulación de trabajadores de estas entidades, sino, fundamentalmente su permanencia prolongada en la empresa, lo que se conoce con la mas o menso afortunada palabra de “fidelización”.

VIGESIMOPRIMERO.- Sin embargo, la cuestión ni tiene efecto de impedir o disuadir a un nacional de su país miembro abandonar su país de origen para ejercer su derecho a la libre circulación de trabajadores, tal y como es definida por el T.S.J.C en el asunto 10/90, en su sentencia MASGIO, de 7 de marzo de 1.991, Rep P.I. 1119, y en la ya citada sentencia BOSMAN, considerando 96, tiene una noticia claramente positiva. Si un empleado de Banca, de Cajas o de Seguros español recibe una oferta de trabajo en la Unión europea, o simplemente, en la misma localidad, pero de otra entidad del sector, ya sabe, que de aceptarla, pierde el derecho al fondo de pensiones. Ello hace que tenga una traba a aceptar, o por el contrario, la entidad que desea contratarla, tenga que compensar dicha oferta.

Por consiguiente, la normativa tiene por efecto crear una traba a la libre circulación de trabajadores dentro del territorio de la comunidad, y es contrario al art. 48 del Tratado de Roma.

VIGESIMOSEGUNDO.- No procede la interposición de la cuestión prejudicial ante el T.S.C.E. porque no se ha provocado el nivel preceptivo de incertidumbre jurídica respecto del cual sería su respuesta, y porque del texto del art. 177 del antiguo Tratado de Roma, ya no aplicable, y del nuevo del art. 234 del de Amsterdam, coincidente con el anterior, simplemente se abre la posibilidad de interposición de la cuestión prejudicial en pleitos susceptibles de recurso, como éste lo es, y por ello, sin interferir en la posibilidad o incluso imperativo categórico de ulteriores instancias, no procede acceder a la solicitud efectuada por las defensa de los actores.

VIGESIMOTERCERO.- Solicitada como petición unificada por los actores y elevada a definitiva en conclusiones, la declaración del derecho de los cuatro actores a transferir o movilizar la totalidad de los derechos consolidados en el plan de pensiones interno y de la condena conjunta y solidaria a las codemandadas a que realicen la transferencia al plan de pensiones establecido con carácter general para sus clientes como producto financiero abierto al público, de su lectura se deduce que renuncian a la transferencia a otra entidad de crédito, ahorro o seguros que no sean las codemandadas, lo cual es una petición que ni siquiera alcanza a su propio derecho, y que es admisible en Derecho privado español, e razón al principio dispositivo del ejercicio del propio derecho en el procedimiento judicial. Por tanto, declarada la no conformidad a Derecho comunitario de las bajas obligatorias sin reintegro del capital acumulado acompañadas de la posibilidad de traspaso a otra institución, el derecho que reclaman ha de verles reconocido en su integridad, lo que supondrá la estimación integra de la demanda, en lo términos del suplico de los tres coactores que litigan unidos y del Sr. N. Tras la aclaración del suplico de su demanda.

VIGESIMOCUARTO.- La condena habrá de ser conjunta y solidaria porque una institución ordenó la baja de los actores en el plan y la otra cumplió dicha orden, cancelando los planes de pensiones.

VIGESIMOQUINTO.- Según dispone el art. 189.1 de la l.p.1. y por razón de la materia, contra la presente sentencia cabe la interposición de Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

 

 

FALLOQue estimando la demanda en procedimiento declarativo de derecho interpuesta por los actores D. J.N.C., D. M.N.R., D.J.P.G. y D.M.C.G. debo declarar y declaro su derecho a transferir o movilizar la totalidad de los derechos consolidados en sus respectivos planes de pensiones a la fecha de las extinciones de sus contratos de trabajo y condeno a las codemandadas CAIXA D’ESTALVIS DE I PENSIONES DE BARCELONA y RENTCAIXA S.A. CIA. DE SEGUROS, conjunta y solidariamente, a estar y pasar por dicha declaración, y a realizar la transferencia al plan de pensiones establecido con carácter general en la entidad de ahorro codemandada para sus clientes en un plan de pensiones abierto al publico.

Así por esta mi Sentencia de la que unirá certificación……..

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s