Juzgado Social 16 Madrid 178/99. Prejubilado despedido, sanción desproporcionada. Despido improcedente, indemnización.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 16

C/ HERNANI, 59 4º

28020 -MADRID-

Autos núm. D-108/99

Sentencia nº 178/99

En Madrid, a diecinueve de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Dª MARIA JOSE CEBALLOS REINOSA, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 16 DE MADRID Y SU PROVINCIA, tras haber visto los presentes autos seguidos sobre DESPIDO, entre parte, de la una y como demandante D. FRANCISCO G. M. y de la otra y como demandado DEUTSCHE BANK, SAE, en NOMBRE DEL REY, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I AI.- ANTECEDENTESPRIMERO.- Con fecha 19-02-1999 tuvo entrada en este Juzgado la demanda formulada por D. FRANCISCO G. M., contra DEUTSCHE BANK, SAE, por la que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos suplica se le reconozca lo pedido en demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por providencia de fecha 10-3-1999, se señaló para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, la audiencia del día 6-5-1999, en cuyo acto comparecieron los que en el acta del juicio se dicen, haciendo las alegaciones y practicando las pruebas que figuran en el mismo y terminando en conclusiones finales por solicitar sentencia conforme a sus intereses.

II.- HECHOS PROBADOSPRIMERO.- El actor D. FRANCISCO G. M. estando prestando servicios para el BANCO DE MADRID SA, hoy integrado en la entidad bancaria DEUTSCHE BANK SAE, que asumió por subrogación empresarial todas las obligaciones como empresario de aquél (hecho incontrovertido) desde el día 1-11-1978, con categoría profesional de Jefe de 3ª. A hasta el día 31-12-1993, en que pasó a situación de prejubilación con suspensión del contrato de trabajo al amparo de lo prevenido en el art. 45 1 a) del ET, rigiendo durante el tiempo en que se extendía tal situación, las condiciones pactadas y contenidas en los documentos 3, 4 de la actora (que se da por reproducido). La retribución bruta mensual incluida ppe. en el momento en que el trabajador cesó de prestar sus servicios en activo y se produjo la suspensión del contrato de trabajo, ascendía a 4.483.000 ptas., anuales distribuidas en 12 pagas (doc. 3 y 4 de la actora, coincidente con el doc. 1 de la demanda). Su último centro de trabajo fue la sucursal del banco sito en c/ Casado Alisal – Madrid (doc. 5 actora).

SEGUNDO.- Además de las condiciones establecidas en los documentos referidos en el hecho probado primero, el personal “pasivo” de la entidad bancaria Banco Comercial Transatlántico SA, y Banco de Madrid SA, integrado por fusión en DEUTSCHE BAN, SAE, que engloba a jubilados, prejubilados, viudos – viudas y personal declarado en situación de incapacidad permanente, disfrutaba de ciertos beneficios sociales, tales como seguro de vida, premios por cumpleaños, disfrute de apartamentos… beneficios que fueron unificados para todo el personal por el llamado “Pacto de Homologación de mejora extra Convenio del Deutsche Bank” firmado en fecha 12-7-1984.

Este pacto con fecha 18-12-1997 fue objeto de modificación mediante acuerdo entre la Dirección de la Empresa y el Sindicato mayoritario CCOO, y sobre la eficacia del pacto de modificación se promovió demanda el día 20-5-1998, en procedimiento de Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional, cuyo suplico decía textualmente:

“Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, y documentación que se adjunta, lo admita y en sus méritos se sirva a señalar día y hora para la celebración del acto del juicio y en su día dicte una sentencia por la que declare que la aplicación del pacto Colectivo de fecha 17 de diciembre 1997 firmado entre la Dirección del Banco y la Representación Sindical en la Empresa de CCOO, que ostenta el 54,86% de la representación unitaria de los trabajadores, es aplicable al personal pasivo y por tanto, la modificación de derechos para el mencionado personal pasivo es perfectamente válida y eficaz” (doc. 10 de la actora).

La asociación de jubilados y pensionistas del Deutsche Bank presentó así mismo demanda el 19-10-1998 sobre declaración de derechos a disfrute de aquellos beneficios suprimidos por el Pacto de 18-12-1997 de turnada al Juzgado de lo Social nº 20, dio lugar al procedimiento 641/98. Citadas las partes a juicio se celebró el día 20-1-1999 y a la salida del mismo se produjo el incidente que se narra a continuación:

“El actor D. FRANCISCO G. M., se dirigió primero a la persona que había ostentando la representación legal de la empresa en aquel litigio Sr. Soler y la Sra. García Cabrera, diciendo a voz en grito fuera de sí y con actitud intimidatoria que era un sinvergüenza y unos ladrones, dirigiéndose así mismo contra el Sr. Pitarque que había depuesto como testigo en aquel juicio en calidad de representante de los trabajadores, en la misma actitud, diciéndole que era un sinvergüenza y un vendido” (testifical).

TERCERO.- Consecuencia de dicho altercado el demandante recibió el día 27-1-1999 comunicación escrita fechada el día 27-1-1999, del siguiente tenor literal:

“La Dirección del Banco ha decidido extinguir la relación laboral que nos unía con Vd., con efectos del día de hoy, en base a los hechos que a continuación se relacionan:

Primero.- Desde el pasado 31-12-1993, Vd. tiene su contrato de trabajo suspendido en virtud de un acuerdo de fecha 22-12-1993, por aplicación de lo preceptuado en el art. 45.1 apartado a) del ET.

Segundo.- El pasado 20-1-1999 a la salida del juicio laboral celebrado en la sede del Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid en los autos nº D-641/98 Vd. delante de las numerosas personas presentes a la referida vista oral, profirió toda clase de insultos a los representantes de la Entidad, así como a empleados que intervinieron como testigos en el juicio.

En concreto y a modo de ejemplo, Vd. llamó al Sr. Soler y a la Sra. Cabrera, Director y Jefa de Relaciones laborales del Banco respectivamente, delante de los asistentes al referido juicio, “sinvergüenzas, ladrones y vendidos”.

Tercero.- Su actuación queda agravada por su actitud, puesto que las ofensas verbales realizadas no llegaron a la agresión física por la intervención de terceras personas.

Los hechos que se le imputan, constitutivos sin duda de una falta muy grave, son causa justa para imponerle la sanción de despido disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 punto 1 y 11 del vigente Convenio de Banca Privada en relación con el art. 54.2, apartado c) y d) del ET.

La extinción de su contrato deja sin efecto las condiciones derivadas del acuerdo de suspensión de su contrato de trabajo suscrito con fecha 22-12-1993″ doc. 1 del actor, folio 2).

CUARTO.- El actor se encontraba bajo tratamiento médico desde el 1993 por trastorno ansioso depresivo, en fecha 28-1-1999 se emite informe médico del siguiente tenor:

“Paciente de 59 años diagnosticado de HTA esencial, divertículos, hipertrofía prostática benigno y trastorno ansioso depresivo crónica.

Desde 1993 ha estado tomando distintos tratamientos ansiolíticos y antidepresivos.

En la actualidad está sufriendo reagudización de su trastorno depresivo crónico secundaria probablemente al fallecimiento de su madre y de su suegra en la misma semana, por lo que se aumentó la dosis de medicación psiquiátrica” (doc. 28 ramo de prueba de la actora)

La madre y la suegra del demandante fallecieron respectivamente el día 6 y 10 de diciembre de 1998. (doc. 35 actora)

QUINTO.- El actor desde el día 3-5-1999 por haber cumplido la edad establecida ha pasado a la situación de jubilación (hecho incontrovertido).

SEXTO.- El acto de conciliación ante el SMAC de Madrid, se celebró el día 19-2-1999 concluyó con el resultado de intentado sin efecto.

SEPTIMO.- La demanda origen de las presentes actuaciones aparece interpuesta el 19-2-1999.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente resolución, ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio y con referencia a cada uno de los articulados por ambas partes según se plasma en el relato fáctico, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 de la LPL en relación con los arts. 1218, 1225 y art. 1232 del Código Civil y art. 632 y 659 la LEC.

SEGUNDO.- Opuesta la excepción de incompetencia de la jurisdicción por razón del territorio por la demandada DEUTSCHE BANK, al considerar que encontrándose el domicilio social de ésta en Barcelona, corresponde el conocimiento del asunto en litigio a los Juzgados de lo Social de aquella circunscripción territorial, comenzar por resolver sobre la misma, haciéndolo en sentido desestimatorio ello en aplicación de lo prevenido en el art. 10.1 de la LPL conforme al cual, “Con carácter general será Juzgado competente el del lugar de la prestación del servicio o el del domicilio del demandado a elección del demandante” así en el presente caso, el último lugar de prestación de servicios del actor fue Madrid, tal y como resultó expresamente reconocido y fue incontrovertido y así se ha pronunciado el TS en situación muy similar al presente, en que existe suspensión del contrato de trabajo por encontrarse el trabajador en excedencia entre otras, S. 23-4-1985 R. 1902 16-5-1986 R.2559.

TERCERO.- También con carácter previo y antes de abordar el fondo del asunto, resolver sobre la inexistencia del despido, alegado por la actora, el sostener dicha parte que el contrato de trabajo resultó extinguido en el momento en que el actor paso a situación de prejubilado en diciembre de 1993, pretensión que debe rechazarse a la simple vista de la documental aportada por dicha parte, en concreto los documentos 3 y 4 de su ramo de prueba, en las que fijan la condición que habrá de regir durante tal situación y dice textualmente, “ser posible llegar a un acuerdo para suspender mi contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el art. 45.1 a) del ET”. Situación de suspensión del contrato de trabajo, durante las cuales como es sabido, sólo queda en suspenso, la obligación de prestar servicios y de retribuirlos y vigentes todos los demás derechos y obligaciones compatibles con aquella situación y así los deberes de lealtad, buena fe del trabajador a los que se refiere el art. 5 del ET y 17 y siguientes los relativos al empresario. Por lo tanto, y así también lo establecía expresamente el hoy derogado art. 108.2 e) de la LPL 1990 existe la posibilidad de despedir al trabajo con contrato en suspenso, de producirse una transgresión grave de los citados deberes.

CUARTO.- Sobre el fondo, visto el resultado de la prueba practicada, tratándose como se trata esencialmente de la imputación de ofensa verbal, como también es sabido debe acudirse a la denominada teoría gradualista de la falta; que se traduce, en que no solo, debe tomarse en consideración el contenido ofensivo de la propia expresión proferida, sino que para determinar el necesario grado de gravedad de la misma, al objeto de que constituya justa causa de despido, debe tenerse en cuenta las circunstancias, tanto antecedentes, como concurrentes en el momento de producirse los hechos, la ocasión en que se produjeron y la trascendencia de los mismo. Respecto de los primeros – antecedentes -, decir que en el presente caso existía ya un antecedente judicial a través del cual se deducía, claramente la intención de la empresa de proceder a la supresión de determinados beneficios sociales que disfrutaba el trabajador, luego, existe ya, una cierta tensión entre las dos partes que se exacerba en el momento del acto del juicio celebrado ante el Juzgado Social nº 20, – hecho ya concurrente- con declaración de testigos, que propuestos por la empresa, ostentaban la condición de representantes de los trabajadores y mantenían la postura empresarial. A ello ha de añadirse la situación personal del hoy actor sometido a tratamiento médico por síndrome ansioso depresivo agudizado por el reciente fallecimiento y pérdida de familiares próximos, la ocasión en que se produjo tras la tensión producida por la celebración del juicio y a la salida de la Sala, momento especialmente conflictivo al encontrarse cara a cara y en las dependencias judiciales ambas partes litigantes y por último, la escasa trascendencia que tuvo el hecho, por los servicios de seguridad no se atendió parte alguno o diligencia de incidente y además, con carácter personal, para esta Juzgadora, a pesar de que el Juzgado del que es titular se encuentra en la misma planta, no se tuvo conocimiento de los hechos sino a través del acto del juicio celebrado en las presentes actuaciones.

Lo expuesto determina que careciendo la ofensa verbal de suficiente entidad, el despido sea declarado improcedente, ahora bien, las consecuencias legales derivadas de dicho pronunciamiento deben verse alteradas por efectos de dos circunstancias:

1º.- El contrato de trabajo se encontraba se encontraba en suspenso a la fecha en que se produce el despido, por lo que no habrá lugar a declarar el derecho del actor a percibir salarios de trámite, ya que tal derecho se refiere a los salarios devengados y dejados de percibir por afectos del despido (art. 56 ET).

2º.- Con posterioridad al cese del actor operado por despido sobreviene el día 3-5-1998, como causa última de extinción de la relación laboral, la jubilación del trabajador prevista como tal en el art. 49.1 f) del ET, consecuencia de ello, es que queda eliminada la alternativa de la readmisión que en este caso se hubiera traducido en que el actor permaneciera en idéntica situación de suspensión del contrato por prejubilación disfrutando los mismos beneficios y en idénticas condiciones a las del acuerdo rector de la misma, independientemente de las que hayan de observarse por la empresa tras el pase a situación de jubilación que necesariamente habrán de seguirse cumpliendo, pues las obligaciones contraídas por el empresario para tal situación -mejoras voluntarias- producen sus efectos tras la extinción del contrato de trabajo por jubilación y por ello entiendo también compatible con una extinción de la relación laboral por causa de despido indemnizada como ocurre en este caso y superpuesta a la jubilación. Y solo cabrá hacer condena en cuanto abono de indemnización por el tiempo de servicios prestados esto es, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha 31-12-1993 en que paso a prejubilación y calculados sobre el salario percibido en aquella fecha y declarado en el hecho probado primero (STS Unif. 29-1-1997 y 28-4-1997, para los supuestos de extinción del contrato con anterioridad a la sentencia).

VISTO, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O:Que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio y estimando la demanda sobre despido interpuesto por D. FRANCISCO G. M. contra DEUTSCHE BANK SA, debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenado por lo expuesto a la demandada a que abone al trabajador la indemnización cifrada en 8.290.478 pts., sin derecho al percibo de salarios de trámite.

Se tiene al actor por desistido de la reclamación de cantidad indebidamente acumulada.

Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los CINCO DIAS siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, o su representante al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o su representante dentro del indicado plazo.

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